Project Description
*Este artículo fue enviado a mercopress en respuesta al articulo de la Falkland Islands Association y mercopress se negó a publicalo.*
Puerto Soledad, Malvinas. 1829. Óleo de Luisa Vernet Lavalle de Llovera
El pasado 4 de enero se publicó en el sitio de Mercopress un artículo titulado "El “Mito de la Expulsión”, la mayor falsedad histórica de Argentina", de la Falkland Islands Association (FIA). El articulo comienza acusando a la Argentina de haber “lavado el cerebro” a sus propios ciudadanos y, aparentemente, también a la Asamblea General de las Naciones Unidas, e incluso culpan al Foreign Office de “no haber investigado lo suficiente la historia de las Malvinas”.
El artículo repite argumentos que ya fueron ampliamente rebatidos en nuestro libro “Las Malvinas entre el Derecho y la Historia”, disponible en www.malvinas-falklands.net. Aquí refutaremos brevemente el asunto principal sugerido por el artículo de la FIA, la cuestión del acto de fuerza británico contra la Argentina de enero de 1833.
LAS MALVINAS ANTES DE LA EXPULSIÓN BRITÁNICA
Tras su toma de posesión formal de las islas en 1820, Argentina realizó innumerables actos de soberanía, como el otorgamiento de concesiones de tierras y ganado, el nombramiento de autoridades, la aplicación de la legislación sobre caza y pesca, entre otras. Durante este período, Gran Bretaña reconoció la independencia argentina y se establecieron relaciones diplomáticas. Ambos países celebraron un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1825 lo que implicaba el respeto a la igualdad soberana de las partes, que incluye el respeto a su integridad territorial. Si Argentina hubiera violado la soberanía territorial británica con sus actos previos en Malvinas, esa era la ocasión para que el gobierno británico avanzara en su reclamo. Sin embargo, no se hizo ninguna referencia a la cuestión, sencillamente porque el Reino Unido no reclamaba entonces la soberanía sobre las islas.
El 10 de junio de 1829, Argentina creó una estructura administrativa acorde con la creciente importancia de su asentamiento. Así, emitió decretos para crear la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las Adyacencias al Cabo de Hornos en el mar Atlántico y nombró a Luis Vernet como su Comandante Político y Militar. Las islas nunca habían tenido un desarrollo humano similar en la época en que estuvieron presentes las potencias coloniales europeas. Fueron los esfuerzos de la nueva nación argentina los que produjeron este desarrollo y demostraron la utilidad de las islas. Fue el Imperio Británico, con su supremacía política, militar y económica, quien aprovechó estos esfuerzos mediante el uso de la fuerza.
PROTESTAS BRITÁNICAS DE 1829 Y 1832
La protesta británica de 1829, después de 55 años de silencio ante la continua y exclusiva presencia española en las islas entre 1774 y 1811 y los actos de soberanía realizados por Buenos Aires como sucesora de España, fue motivada por el deseo de poner un pie en el Atlántico Sur. Esta protesta fue tardía, limitada y de mala fe. Tardía, porque el gobierno británico conocía los actos anteriores de ejercicio del poder público sobre las islas efectuados por Buenos Aires desde 1820 a 1829. Limitada, porque se circunscribe al decreto del 10 de junio de 1829, sin protestar por dichos actos anteriores. En efecto, la referencia a los actos que se hayan hecho o que se hagan en prejuicio de los derechos de SMB se relaciona a aquellos cumplidos en el marco del decreto objeto de la protesta, no en relación con los actos anteriores al decreto, que Gran Bretaña no ignoraba. Es finalmente de mala fe, porque en los fundamentos de la pretendida soberanía británica se pasa bajo silencio la presencia ininterrumpida de España en las islas hasta 1811 y los actos argentinos posteriores, hechos ambos que el gobierno británico no podía ignorar.
El 28 de septiembre de 1832, se realizó una segunda protesta británica, nuevamente la misma fue sólo respecto a un nuevo decreto del gobierno argentino. Es revelador que durante los años 1831-1832 los gobiernos argentino y estadounidense discutieran abiertamente sobre las acciones tomadas por las autoridades argentinas en las islas y la destrucción parcial del asentamiento por parte de un marino estadounidense (el "incidente Lexington") mientras que el gobierno británico permaneció en silencio durante todo el período. Ambas protestas fueron meramente reivindicativas, sin ningún requerimiento específico al gobierno argentino, ni mucho menos ninguna propuesta para solucionar la cuestión. Tampoco se incluyó una sola advertencia sobre cualquier otra acción británica.
LA EXPULSIÓN POR LA FUERZA DEL 3 DE ENERO DE 1833
El 30 de agosto de 1832 el Subsecretario de Asuntos Extranjeros, Sir George Shee, comunicó al Almirantazgo la decisión del gobierno británico de ejercer los derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, mediante el envío de una nave a Puerto Egmont y la organización de un viaje anual de control. El 28 de noviembre de 1832, T. Baker, Comandante en Jefe de la Estación naval británica en Sudamérica, transmitió la orden de dirigirse a Puerto Egmont al Capitán del “HMS Clio”, John James Onslow. En ella se explicitaba que, si fuera necesario, debería recurrir a la fuerza para vencer toda resistencia de parte de fuerzas extranjeras al ejercicio de la soberanía británica.148 Luego de haber tomado posesión de Puerto Egmont el 23 de diciembre de 1832, Onslow se dirigió a Puerto Soledad y procedió a la expulsión de las fuerzas argentinas existentes el 3 de enero de 1833. Cabe destacar que esta acción fue realizada de manera autónoma, ya que en sus instrucciones nada se decía sobre dirigirse a la isla Soledad, sus instrucciones se limitaban a Puerto Egmont.
No cabe duda de que tal acción puede calificarse de acto de fuerza, aunque no se haya disparado un solo tiro. La utilización de un navío de guerra y de personal militar, la coacción ejercida por el requerimiento de retirar la bandera y las fuerzas argentinas en un plazo de veinticuatro horas bajo apercibimiento de hacerlo él mismo constituye una clara situación en la que se obtuvo la posesión del territorio mediante la amenaza del uso de la fuerza. Tal fue la interpretación hecha por el gobierno de Buenos Aires tres semanas más tarde de los acontecimientos, al calificar la acción de Onslow de “agresión y violento despojo” y “el abuso más chocante de la fuerza”.
El objetivo del artículo de la FIA es claro: pretender demostrar que la población argentina no fue expulsada y evitar un argumento que excluya la no aplicación del principio de libre determinación de los pueblos a los habitantes británicos actuales. Pues difícilmente pueda justificarse la aplicación de tal principio en una situación en la cual la potencia colonial procede a remplazar una población por la suya y luego invoca que sea esta última quien decida el destino del territorio.
El hecho es que, como consecuencia de la invasión británica, 53 personas que vivían en las islas regresaron a Buenos Aires desde Puerto Soledad. Sólo 22 permanecieron en las islas. Es decir, la expulsión británica provocó que casi el 70% de los habitantes abandonaran las islas.
De no mediar la usurpación británica, no solo dicha población se hubiera quedado en las islas, sino también que el restablecimiento del orden hubiera permitido el regreso de la población dispersada por la “Lexington” en 1831 y el desarrollo del asentamiento argentino, tarea a la que se encontraba abocado Luis Vernet en Buenos Aires. De poco vale pretender que el Capitán Onslow intentó persuadir a los habitantes de que se queden: poner a una población que había llegado a las islas por la acción argentina bajo la autoridad de un súbdito británico con el objetivo de mantener el control británico y el uso de las islas es una típica acción colonial.
La cuestión central aquí es: 1) que había un asentamiento humano de carácter permanente en las islas, no con fines militares sino con la idea de desarrollar económicamente el territorio, impulsado por el gobierno argentino; 2) que en 1831 la acción brutal de la “Lexington” genera un desbande de la población; 3) que en 1832 la Argentina estaba haciendo todos los esfuerzos para restablecer la situación y 4) que en 1833 el despojo británico puso fin a este primer verdadero desarrollo humano de las Malvinas.
Gran Bretaña expulsó a la Argentina de las islas en 1833. Expulsó a las autoridades y a una parte de la población: hombres, mujeres y niños. El hecho fundamental es que con ese acto de fuerza se impidió que la Argentina pudiera restablecer el asentamiento que con tanto esfuerzo había establecido en los años veinte. La FIA silencia que, como consecuencia del acto de fuerza de 1833, los residentes de Malvinas del asentamiento argentino que fueron removidos en 1831 nunca más pudieron regresar. Los residentes que estaban en Malvinas en 1833 eran solo una parte de la población.
Los funcionarios británicos que examinaron la cuestión en informes ministeriales internos se han referido al acto del 3 de enero de 1833 en términos categóricos. El Memorandum preliminar preparado por el Departamento de Investigaciones del Foreign Office el 17 de septiembre de 1946 concluye: “La ocupación británica de 1833 fue en ese tiempo, un acto de injustificable agresión que ahora ha adquirido el apoyo del derecho de prescripción”.
El Memorándum de 1946 sólo tiene razón en un punto. Incluso si la prescripción adquisitiva fuera considerada un título en el derecho internacional, la falta de renuncia de la Argentina a sus derechos impediría al Reino Unido adquirir la soberanía por el mero paso del tiempo. El ejemplo de las Malvinas constituye un caso típico de la política de la fuerza contra el derecho.
CONCLUSIONES
La pura verdad es que el Gobierno británico sólo se "acordó" de la existencia de las islas cuando el gran esfuerzo de Argentina, que duró una década, empezó a dar sus frutos. Su objetivo era estratégico. Aprovechó su poder como principal potencia colonial y naval de la época para enfrentarse a un joven Estado sumido en luchas fratricidas que no podía hacerle frente militarmente pero que, sin embargo, protestó de inmediato. Una vez más, la arrogancia imperial fue la única respuesta a los intentos diplomáticos argentinos.
El Gobierno británico no realizó ninguna advertencia previa a Argentina antes del uso de la fuerza. No hubo ninguna propuesta británica para resolver la cuestión mediante negociaciones o cualquier otro medio, a pesar de la existencia de relaciones diplomáticas y de un Tratado de amistad, comercio y navegación en vigor. La protesta británica de noviembre de 1829 no fue seguida de ninguna acción, a pesar del grave incidente de la Lexington en 1831 y de la disputa entre Argentina y Estados Unidos sobre un asunto que implicaba directamente el ejercicio de la soberanía sobre las Malvinas. El Gobierno británico simplemente se aprovechó de la situación y se impuso mediante un acto de fuerza unilateral.
Argentina protestó inmediatamente y mantuvo sus protestas a lo largo del tiempo. Gran Bretaña se negó a resolver la disputa, en una muestra típica de una política de fuerza. Desde entonces, el Gobierno británico estableció una colonia en 1843 y mantiene un férreo control migratorio del territorio hasta la actualidad.
El Reino Unido debe cumplir sus obligaciones internacionales de resolver las disputas por medios pacíficos y poner fin al colonialismo en todas sus formas.
Prof. Marcelo G. Kohen
Abg. Facundo D. Rodriguez